Esta decisión surge a raíz del Decreto 045 de 2024, emitido por el Gobierno Nacional, el cual establece que la renovación de la matrícula mercantil ya no se basará en las actividades o ingresos de las entidades, sino en los activos de las personas jurídicas involucradas.
El cambio normativo ha generado un aumento significativo en los costos de renovación, impactando de manera especial a organizaciones que han logrado consolidarse con esfuerzo en espacios como casas de reuniones para el desarrollo de sus actividades.
Ante la preocupación del sector empresarial, el Abogado Miller Osorio busca obtener respuestas y evaluar posibles soluciones para mitigar los efectos de esta nueva reglamentación.
